Entre el entusiasmo de ver que prácticamente todas las universidades han asimilado la perspectiva de género y la inquietud por la lentitud de los cambios desde que se sancionó la ley Micaela, comenzó ayer con expectativas la capacitación en la Universidad Nacional de Tucumán. “Está integrado en la agenda universitaria hace tiempo. Creo que son como pasos en esas direcciones, con otras políticas de género que estamos trabajando”, dijo la vicerrectora, Mercedes Leal, antes de la presentación del programa de capacitación. Para esto vinieron Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, los padres de Micaela (foto) la estudiante asesinada en Entre Ríos en 2017, cuya tragedia abrió la conciencia del país, y Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y rectora coordinadora de la Red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias (RUGE), quien abrió la capacitación.

“Lo que vemos en las universidades es que la mayoría de los casos se pueden prever, prevenir y tomar medidas protectivas antes que las medidas punitivas”, dijo Torlucci, que agregó que le parece “fundamental la sensibilización, la toma de conciencia. El principio es que las personas puedan modificar y revertir las situaciones de violencia para no llegar a la extrema”.

Julia Saldaño, secretaria del área en la UNT, lanzó la pregunta de qué tiene que pasar en la Universidad para que se produzcan transformaciones, y respondió que “la ley Micaela, la RUGE, la lucha de las mujeres, la de las militantes, la de los padres”. Dijo que esta ley es la herramienta de transformación.

Torlucci puso énfasis en la necesidad de reconocimiento. “Tendríamos que partir del punto de conocimiento de que todos ignoramos cuáles son nuestras reacciones violentas, sobre todo la violencia en relación con cuestiones de género, de clase, de raza, la que tiene que ver con características físicas, con edades, con cualquier tipo de diferencias; es una violencia que está implícita en nuestra propia constitución lógica, en el lenguaje, en nuestra formación; sobre todo en nuestra formación universitaria, que es la que nos ocupa hoy específicamente”. Y de inmediato describió cómo es el estereotipo dominante: “el sujeto universal que conjuga situaciones de privilegio: es masculino, blanco, rico, o por lo menos es un estándar de clase aceptable, claro, armonioso, alto, flaco. Todas esas derivaciones lógicas tienen oposiciones de elementos binarios, contrarios y por lo tanto s e producen violencias. Esas diferencias que no tienen nada que ver, que en realidad sólo las define el amo, llámese como se llame, dios, mercado, ciencia, y ahí nosotros en la universidad tenemos que revisar porque ese universal constituye un sujeto, una socialidad de la que cada uno de nosotros forma parte; desde ahí seguramente establecemos competencia, algún tipo de violencia. Lo que hacemos generalmente es someternos a ese universal y naturalizar la violencia que sufrimos en relación al género. Ni hablar de la diversidad”.

Luego describió que nos cuesta aceptar que haya situación de violencia en las universidades y que existe a diario. “Los datos nos dicen que la mayoría de los casos de violencia registrados son por violencia simbólica y psicológica; hay casos de violencia física, de acoso, de abuso sexual, pero esos no llegan al 20%. En cambio la psicológica y simbólica llega al 50%. Después viene la económica y después la física”.

Refirió que el 60% de la población universitaria está compuesta por mujeres; sin embargo, al evaluar los números de docentes -auxiliares docentes, ayudantes, JTP, adjuntas y titulares - “vemos que a partir de adjunta se invierte esta proporción y es sólo el 30%; que básicamente son las que adquieren ciudadanía en el mundo interuniversitario”. Más arriba -consejeros, decanos- la proporción es menor: sólo entre el 10 y el 14% por ciento ocupan lugares de rectorado en las universidades. “Es un tope del 14%, un techo de cristal”.

Habló de los estereotipos y los roles que llevan a estudiar determinadas carreras y tras referir ejemplos de esos estereotipos dijo que “la ley Micaela vino a poner en conocimiento de las universidades que deberían tener espacios de atención”. Explicó que hoy ya tienen protocolos pero muchos tienen que ser revisados porque surgieron en casos que requirieron respuestas punitivas y que hace falta tratamiento preventivo, con acciones de visibilización y concientización.